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La falta de medidas concretas para los sectores vulnerables: un desafío para la justicia social. Por Oscar Rodríguez

En el incesante camino hacia la justicia social y la equidad en nuestro país, se nos plantea una duda a todos aquellos que creemos en un futuro más justo: ¿tendrán alguna medida económica favorable los sectores más relegados?

La reciente serie de medidas económicas anunciadas por el ministro candidato Sergio Tomas Massa, ha generado desilusión entre quienes anhelamos un cambio real y significativo en la vida de los más vulnerables.

Es innegable que el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que beneficiará al menos 800 mil trabajadores, es un paso en la dirección correcta.

No obstante, ¿puede considerarse suficiente para combatir las desigualdades económicas que asolan a tantos de nuestros compatriotas?

Esta pregunta no puede ser respondida con un simple asentimiento. Aunque se agradece el esfuerzo por aliviar la carga tributaria sobre los salarios altos, la falta de medidas concretas para los sectores más vulnerables arroja una sombra oscura sobre estas políticas económicas.

Lo que más duele es la omisión notoria de atención a los monotributistas, autónomos y cooperativistas, quienes día a día luchan en la primera línea de la economía nacional.

¿Por qué estos trabajadores, que representan una parte crucial de nuestro tejido social y económico, no han recibido señales de apoyo?

La concesión de un beneficio de entre 500 y 2000 pesos por mes durante 6 meses se siente como un gesto vacío frente a los desafíos financieros abrumadores que enfrentan.

Como militantes del campo nacional y popular no podemos dejar de pensar en soluciones más efectivas y justas. ¿No sería más sensato y equitativo sacar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los salarios inferiores a 500 mil pesos?

Esta medida aliviaría directamente la carga tributaria sobre los trabajadores de ingresos más bajos y sería un paso tangible hacia una redistribución de la riqueza que tanto necesitamos.

La economía está intrínsecamente ligada al bienestar de la población, y no abordar las necesidades económicas urgentes de los ciudadanos plantea interrogantes sobre el compromiso del gobierno con la justicia social, que hasta ahora ha dejado mucho que desear.

Oscar Rodríguez

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