El desfinanciamiento de las bibliotecas en la Argentina: riesgos para la sociedad y aumento de la brecha social. Por Oscar Rodríguez

El desfinanciamiento de las bibliotecas en la Argentina: riesgos para la sociedad y aumento de la brecha social

Por Oscar Rodríguez
Hoy en Argentina, las bibliotecas enfrentan un creciente desfinanciamiento que pone en peligro su capacidad de actuar como centros vitales de acceso a la información y el conocimiento. Este fenómeno no solo afecta su funcionamiento cotidiano, sino que también repercute directamente en la población, intensificando las desigualdades sociales, digitales y culturales. En un mundo cada vez más dependiente de la información para tomar decisiones informadas, la reducción de recursos asignados a estas instituciones puede tener consecuencias graves para la ciudadanía, limitando su capacidad de participar activamente en la vida económica, política y social del país.

El Rol Transformador de Estos Espacios
A lo largo del tiempo, las bibliotecas han evolucionado hasta convertirse en centros multifuncionales que ofrecen acceso no solo a literatura y conocimiento, sino también a información crítica sobre salud, educación, empleo y cultura. La capacidad de discernir entre fuentes confiables y no confiables es fundamental para que las personas tomen decisiones informadas, tanto en temas personales como en cuestiones colectivas, como la participación en procesos democráticos.

A nivel internacional, se ha demostrado que los países con altos índices de alfabetización y acceso a información de calidad tienden a tener mejores niveles de desarrollo económico. Esto se debe a que los ciudadanos informados son capaces de acceder a oportunidades laborales, tomar decisiones económicas más acertadas y contribuir significativamente al desarrollo de sus comunidades. En este sentido, el acceso equitativo a estos recursos es clave para la democratización del conocimiento.

Impacto del Desfinanciamiento
El desfinanciamiento en Argentina está teniendo un efecto profundo en la capacidad de estos espacios para cumplir con su función. La falta de inversión en infraestructura y recursos tecnológicos limita los servicios que pueden ofrecer, a pesar de que la demanda de información y recursos digitales sigue en aumento. En lugar de evolucionar hacia espacios modernos y adaptados a las necesidades contemporáneas, muchos están luchando por mantenerse operativos.

Este desfinanciamiento afecta no solo a las bibliotecas públicas, sino también a las populares y universitarias, que son esenciales en comunidades vulnerables. Estas instituciones históricamente han funcionado como puentes entre el conocimiento y aquellos con menos acceso a recursos educativos formales, y ahora enfrentan la disyuntiva de operar con recursos limitados o cerrar, lo que perjudica directamente a las poblaciones más desfavorecidas.

Brecha Social y Digital
El proceso de recorte de fondos también amplifica la brecha social y digital. En un mundo donde la información es crucial para participar en la economía del conocimiento, quienes no tienen acceso a espacios bien equipados se encuentran en desventaja. Esto agrava las desigualdades existentes en la sociedad argentina, donde la falta de acceso a tecnología y educación de calidad son factores determinantes en la exclusión social.

Un estudio de la Fundación Century, «Disconnected: How the Digital Divide Harms Workers and What We Can Do about It», revela que quienes no tienen acceso adecuado a la tecnología enfrentan serias barreras para conseguir empleos de calidad. La falta de herramientas digitales limita la capacidad de buscar empleo, mejorar habilidades y acceder a trabajos bien remunerados, lo que a su vez afecta su participación en la educación a distancia y en servicios básicos como la banca electrónica.

Consecuencias en la Toma de Decisiones
Otro peligro del desfinanciamiento es que la población puede carecer de acceso a información de calidad y, por ende, tomar decisiones mal fundamentadas. En un contexto global donde la desinformación y las noticias falsas proliferan, tener acceso a fuentes confiables es más crucial que nunca. Históricamente, estos espacios han proporcionado herramientas para discernir entre la información veraz y la falsa. Sin embargo, con la reducción de recursos, su capacidad para desempeñar este papel se ve comprometida, dejando a la población expuesta a la desinformación.

La toma de decisiones informadas es fundamental no solo para la salud y el bienestar individual, sino también para el funcionamiento de la democracia. Estos centros son esenciales para formar ciudadanos informados que puedan participar activamente en los procesos democráticos. Sin un acceso adecuado a información de calidad, la población corre el riesgo de ser manipulada por fuentes desinformativas, debilitando los cimientos de la democracia.

Hacia una Nueva Política de Inversión
Frente a este panorama de desfinanciamiento, es urgente repensar el rol de estos espacios en la sociedad argentina y establecer políticas claras de inversión. No deben ser vistas como un gasto, sino como una inversión a largo plazo en el bienestar de la población y en el desarrollo social y económico del país. Invertir en estos espacios significa invertir en educación, en la reducción de brechas digitales y sociales, y en la creación de una sociedad más equitativa e informada.

Las experiencias internacionales muestran que los países que invierten en estos recursos logran mayores niveles de desarrollo económico y social. Estas inversiones no solo mejoran la calidad de vida, sino que también fomentan el crecimiento económico, ya que una población más informada y alfabetizada tiene más oportunidades de contribuir al desarrollo de la economía del conocimiento.

Llamado a la Sociedad
Es fundamental que la sociedad se movilice en defensa de estas instituciones, reconociendo su valor inestimable. Las bibliotecas son más que espacios físicos; son bastiones de conocimiento y cultura que desempeñan un papel crucial en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática. Es momento de actuar y exigir que se garantice el financiamiento adecuado para asegurar su continuidad y su capacidad de servicio a las comunidades.