Insultar para excluir. Por Oscar Rodríguez

“Insultar para excluir”

Por: Oscar Rodríguez

Hay palabras que no son inocentes. Cuando desde el poder se utilizan términos como “zurdos” con tono despectivo, no se trata simplemente de una provocación discursiva o de un exabrupto de estilo. Es una operación política. Lo que está en juego no es una discusión ideológica honesta, sino la construcción de un enemigo interno que permita justificar un modelo de país excluyente.

Hablo en primera persona porque no me interesa la neutralidad impostada. Yo sí creo en el rol del Estado. Lo defiendo sin ambigüedades. No como una entelequia abstracta, sino como la única herramienta histórica que las sociedades han construido para equilibrar desigualdades, garantizar derechos y evitar que el mercado —librado a su propia lógica— termine organizando la vida en función de la rentabilidad y no de la dignidad humana.

Cuando se denigra a quienes pensamos en términos de justicia social, lo que en realidad se está intentando desacreditar es la idea misma de redistribución de la riqueza. Porque de eso se trata el fondo del asunto. No es una discusión semántica ni cultural: es profundamente material.

Hay dos modelos de país en disputa.

Uno, el que promueve la concentración de la riqueza. Ese modelo entiende que el crecimiento económico debe quedar en manos de unos pocos, bajo la premisa de que eventualmente “derramará” hacia el resto. La historia ha demostrado, una y otra vez, que ese derrame es una ficción. Lo que se produce es acumulación en la cúspide y exclusión en la base. En ese esquema, el 70 % de la población queda afuera: precarizada, endeudada, expulsada de los circuitos de bienestar.

El otro modelo —el que yo defiendo— parte de una premisa distinta: la riqueza no es un fenómeno natural ni espontáneo, es el resultado de relaciones sociales, de trabajo colectivo, de infraestructura pública, de educación, de salud, de historia. Por lo tanto, debe ser redistribuida. No como un acto de caridad, sino como un principio de justicia.

La contradicción es evidente y estructural: no se puede concentrar y redistribuir al mismo tiempo. Son caminos opuestos. Cuando se avanza en políticas de desregulación, ajuste, achicamiento del Estado y transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados, inevitablemente se profundiza la desigualdad. Y cuando se intenta corregir eso mediante políticas públicas, aparece el discurso estigmatizante que busca desacreditar cualquier intento de intervención estatal.

Por eso los insultos no son anecdóticos. Son funcionales. Sirven para simplificar el debate, para evitar discutir el fondo: quién se queda con la riqueza que produce un país.

Yo no me siento interpelado por el agravio, pero sí me preocupa el clima que se construye. Porque cuando se instala la idea de que quienes defienden derechos son enemigos, lo que se habilita es el desmantelamiento de esos mismos derechos.

Defender el Estado es, en definitiva, defender a la sociedad frente a la lógica de exclusión. Es sostener que la educación, la salud, la cultura, el trabajo digno, no pueden depender del poder adquisitivo individual. Es afirmar que un país no puede desarrollarse dejando a la mayoría afuera.

Y en ese punto no hay ambigüedad posible: o se gobierna para la concentración o se gobierna para la redistribución. Todo lo demás es retórica.