En la radio todavía están los mismos micrófonos que los técnicos reparan ad infinitum. La consola enciende, el cartel marca “aire” y, cuando empieza un programa, durante esas horas podemos hacer de cuenta que nada pasa. La 2×4 sigue transmitiendo. Los productores buscamos el material, los operadores mueven los niveles, los conductores entran al estudio y alguien, en algún lugar de Buenos Aires o bastante más lejos, escucha una voz conocida. Lo extraño es trabajar sabiendo que mientras hacemos la radio se discute, fuera de ella, quién va a hacerla mañana.

Desde marzo, más o menos, convivimos con esa anomalía. Uno trabaja y, al mismo tiempo, espera. Claramente, una forma muy incómoda de ejercer un oficio.

La escena podría quedar ahí, en la angustia de otro grupo de trabajadores, y sería suficiente. Algunos contratados, que no saben si conservarán su fuente de ingreso; otros, de planta, que escucharon que podrían ser reubicados. Pero reducir este conflicto a nuestros puestos de trabajo sería contar solamente una parte. Importante, desde luego, pero no la más inquietante.

Porque lo que se está discutiendo es qué entiende la Ciudad de Buenos Aires por un medio público.

Este 30 de septiembre, en la Facultad de Derecho de la UBA, la Ciudad conmemoró los 30 años de su Constitución. El jefe de Gobierno participó mediante un mensaje grabado y dejó una frase hallazgo: “Nuestra Constitución no es una promesa, es una responsabilidad”. Después agregó algo todavía más preciso: la pregunta no es solamente qué dice la Constitución, sino “qué hacemos con lo que dice”.

Estando del todo de acuerdo, fui a leerla, otra vez.

La Constitución dice en el artículo 47 que la Ciudad debe velar para que no sea interferida la pluralidad de emisores y medios de comunicación. Pero no se detiene ahí. Establece además que el Poder Ejecutivo gestiona “los servicios de radiodifusión y teledistribución estatales” mediante un ente autárquico, y habla de “participación consultiva” de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación social. Y remata: “Los servicios estatales deben garantizar y estimular la participación social”.

Entonces la pregunta formulada por el titular del Ejecutivo porteño merece ser tomada en serio: ¿Qué hacemos con lo que dice?

El Gobierno evita hablar de privatización. Habla de concesión o de “gerenciamiento operativo”. La diferencia jurídica no es menor y conviene respetarla: la Ciudad no vende las frecuencias ni deja de ser titular de ellas. Lo que pretende entregar durante cinco años es su operación y gerenciamiento a privados. Ese fue el esquema anunciado el 12 de marzo, bajo una justificación sencilla: dejar de financiar esos medios con impuestos y pasar a un modelo de gestión e inversión privada porque, según sostiene el Gobierno, no tiene sentido que los vecinos paguen por algo “que el sector privado puede hacer mejor”.

Hasta allí, una decisión política que puede discutirse. Sin embargo, el problema comenzó cuando intervino el organismo que regula las comunicaciones.

El ENACOM remitió al Gobierno porteño una nota fechada el 10 de abril —NO-2026-36392697-APN-ENACOM#JGM— en la que advirtió que el procedimiento podía contradecir el régimen de indelegabilidad previsto por la Ley 26.522 y su reglamentación. Después llevó esa posición al expediente judicial iniciado por los trabajadores en asamblea y calificó la eventual delegación como una falta grave.

No fue una observación formulada por la oposición. Tampoco por un sindicato. Fue el organismo nacional competente en materia de comunicaciones.

El Gobierno porteño decidió continuar.

El 12 de mayo se abrieron las primeras ofertas. Para las radios no apareció ninguna. La licitación de La Once Diez y La 2×4 quedó desierta. Para el Canal de la Ciudad, en cambio, se presentaron dos empresas. Finalmente, mediante la Resolución Conjunta 18/MJGGC/26, la Ciudad adjudicó por cinco años su gerenciamiento a Cale Group Media S.A., vinculada al empresario Augusto Marini, por un canon mensual de 50 millones de pesos.

Marini participa del ecosistema de medios digitales a través de Blender y Carajo; en este último comparte sociedad con Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, una figura pública identificada con el espacio LLA. La relación empresarial está documentada. Convertirla automáticamente en prueba de una motivación política de la adjudicación sería ir más allá de lo que los hechos aguantan.

No hace falta hacerlo. Los hechos ya plantean suficientes preguntas.

Los trabajadores acudieron a los tribunales. Una primera decisión rechazó su planteo. El conflicto, sin embargo, no terminó allí.

En septiembre, el fiscal general ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó que debía reconocerse la legitimación de los trabajadores y revocarse aquella decisión. “Corresponde admitir el recurso de apelación y revocar la decisión de grado”, sostuvo.

Cuesta tomó además en consideración las advertencias del ENACOM. La causa quedó en manos de la Sala III de la Cámara, que deberá resolver. Esto conviene decirlo exactamente: el dictamen del fiscal no anuló la licitación ni resolvió la cuestión de fondo. Fortaleció jurídicamente el reclamo de los trabajadores y abrió la posibilidad de que vuelva a analizarse la cautelar solicitada.

Mientras la Justicia analiza, la administración avanza.

El 28 de septiembre ocurrió algo que vuelve esta historia mucho menos hipotética que cuando empezamos a reunirnos en asamblea. La segunda licitación de las radios tuvo oferentes. Green Umbrella Producciones, Kligger SRL y Rodolfo Héctor Herrera presentaron propuestas para gerenciar durante cinco años tanto La Once Diez como La 2×4. El canon base fue de 1.530.000 pesos mensuales por emisora. Para La 2×4, Green Umbrella y Herrera ofrecieron 2.500.000 pesos mensuales; Kligger, el monto base. Ahora una Comisión de Evaluación debe analizar las propuestas y recomendar al Gobierno a quién adjudicar.

Con ese dinero no se compra un micrófono nuevo, pero se paga la productora que terceriza el aire.

Sé lo que cuesta producir una hora de programación con investigación, archivo, operadores, periodistas, locutores, productores y especialistas. Sé cuánto conocimiento acumulado existe detrás de algo aparentemente tan sencillo como elegir qué versión de un tango poner al aire. Sé también cuánto se devaluó nuestro salario en estos años y cuánto trabajo seguimos haciendo a pesar de eso.

Y entonces no puedo evitar preguntarme qué es exactamente lo que se está tasando.

Podemos conservar el nombre. Podemos conservar el dial. Podemos conservar el cartel que diga La 2×4. Y, sin embargo, modificar la sustancia de aquello que llamamos público, sería la matufia contemporánea.

Me preocupa: no cerrar una radio sino mantener su envase, mientras se transforma la relación entre el Estado, quienes producen sus contenidos y los ciudadanos a quienes pertenece. No aseguro que ese desenlace ya haya ocurrido. Precisamente por eso importa discutirlo ahora.

El jefe de Gobierno recordó que la Constitución porteña no es una promesa sino una responsabilidad y pidió preguntarnos qué hacemos con lo que dice. Treinta años después de su sanción, quizá pocas preguntas sean tan oportunas.

Porque el artículo 47 sigue ahí y la licitación también. El lunes tres privados pusieron precio para gestionar las radios. La Justicia todavía tiene que pronunciarse. Y mañana, mientras todo eso ocurre, nosotros volveremos a encender los micrófonos. La luz roja dirá AIRE.

Por ahora. «