¡Justicia Educativa! Por Oscar Rodríguez (*)
¡Justicia Educativa!
Por Oscar Rodríguez (*)
En medio de un mar de voces y una marea de esperanzas, la educación pública en Argentina se erige como un bastión de orgullo nacional. El reciente clamor multitudinario de estudiantes, docentes y ciudadanos comprometidos ha resonado en las calles de todo el país, haciendo eco de una verdad innegable: la educación es el fundamento sobre el cual se construye el futuro de una nación. Sin embargo, mientras las calles bullen con la energía de aquellos que defienden este derecho fundamental, la falta de soluciones concretas del gobierno y la eterna provocación del presidente son el preludio de un final anunciado.
La marcha masiva que ha inundado las calles no es simplemente una expresión de descontento; es un llamado urgente a la acción, una demanda colectiva de respeto y reconocimiento para un sistema educativo que ha forjado mentes brillantes, cinco premios Nobel, y es el camino hacia la igualdad de oportunidades. La educación pública no es un gasto, es una inversión en el tejido mismo de nuestra sociedad, un instrumento poderoso para combatir la desigualdad y construir un futuro próspero para todos. Sin embargo, mientras se levantan voces con determinación, el gobierno parece ensimismado en su plan de destruir la educación pública y mantener caprichosamente el relato de déficit cero, aunque eso signifique sacrificar a gran parte de la población.
La propuesta de desfinanciamiento que pende sobre la educación pública como una espada de Damocles es un insulto a la inteligencia y al futuro de nuestra nación. Los legisladores que marcharon junto a sus conciudadanos tienen ahora una oportunidad única frente a ellos. Esta no es simplemente una oportunidad para tratar el financiamiento de la educación pública; es una obligación moral y un deber patriótico. La falta de presupuesto no es novedosa, por ello es necesario canalizar esa efervescencia en el pedido de la triplicación del presupuesto. Triplicar el financiamiento no es simplemente una medida pragmática, es un acto de reparación histórica y un compromiso con el futuro de nuestra nación.
En la galería de la historia, la falta de compromiso de los legisladores en la defensa de la educación pública, en el recinto, quedará registrada como una omisión vergonzosa, una traición a los principios democráticos y un desprecio hacia las aspiraciones y necesidades del pueblo argentino. Las afrentas perpetradas contra la educación pública no pueden quedar impunes. Es imperativo que se persiga a aquellos que están socavando los cimientos de nuestra patria en nombre de supuestos equilibrios fiscales, dentro del marco de la ley y la Constitución Nacional.
El daño infligido a la educación pública es una herida en el alma misma de nuestra nación. Aquellos que deliberadamente desmantelan este pilar fundamental deben ser señalados y responsabilizados por sus acciones, siguiendo los procedimientos legales establecidos en nuestro sistema jurídico. La persecución de aquellos que están destruyendo la patria en nombre de intereses egoístas y espurios es un acto de justicia no solo para el presente, sino también para el futuro. Debemos enviar un mensaje claro y contundente de que la destrucción de la educación pública no será tolerada.
Es hora de que exijamos rendición de cuentas a aquellos que han traicionado la confianza del pueblo argentino. No podemos permitir que la impunidad reine mientras la educación pública se desmorona ante nuestros ojos.
(*) Autor de Revolución educativa. De la verticalidad a la horizontalidad
