Producción de subjetividad y proscripción política. Por Oscar Rodríguez.

Producción de subjetividad y proscripción política.
Por: Oscar Rodríguez.

Los golpes de Estado en América Latina han atravesado una transformación profunda en su forma de operar. Si durante la segunda mitad del siglo XX el Plan Cóndor coordinó dictaduras militares que interrumpieron procesos democráticos a través de la violencia física, en el presente asistimos a una mutación de esas prácticas bajo el ropaje del lawfare, entendido como la utilización del aparato judicial y de los medios de comunicación concentrados con fines de persecución política. El caso de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina se inscribe en esta genealogía de los golpes blandos, en los cuales el disciplinamiento no se ejerce únicamente sobre los cuerpos, sino también —y sobre todo— sobre las subjetividades.

El Plan Cóndor (1975–1980) representó la forma paradigmática de represión política en el Cono Sur: desapariciones, torturas, censura y exilio como mecanismos para garantizar la implantación de políticas neoliberales. Michel Foucault (1975, 1976) ha señalado que el poder moderno opera mediante técnicas de disciplinamiento y biopolítica, administrando cuerpos y poblaciones. En el marco de las dictaduras, estas tecnologías se desplegaron de manera explícita y violenta.

La inhabilitación de la principal dirigente de la oposición no puede comprenderse como un hecho meramente jurídico, sino como la cristalización de un golpe institucional blando que opera sobre cuerpos y mentes»

En la contemporaneidad, las armas del disciplinamiento han mutado. La eliminación física es sustituida por la inhabilitación política y moral a través de procesos judiciales y campañas mediáticas. Este pasaje de la violencia militar a la violencia judicial-mediática constituye una forma renovada de golpe de Estado, que podríamos denominar golpe institucional blando.

Foucault subrayó que el poder no se limita a reprimir, sino que produce “verdad” mediante instituciones legitimadas socialmente (Foucault, La verdad y las formas jurídicas, 1973). En el caso argentino, los tribunales y los grandes medios constituyen un dispositivo de verdad que construye la figura de Cristina Fernández como “culpable” o “corrupta” independientemente de las pruebas.

De este modo, la judicialización de la política funciona como un mecanismo de normalización: determina qué liderazgos son aceptables dentro del marco democrático y cuáles deben ser marginados, configurando un disciplinamiento social que excede a la persona perseguida y se proyecta sobre el conjunto del electorado.

Byung-Chul Han (2014) plantea que el neoliberalismo supera las formas clásicas de biopolítica, transitando hacia una psicopolítica que actúa sobre la mente y la subjetividad. El sujeto neoliberal cree ejercer su libertad, cuando en realidad internaliza las lógicas del sistema*y se autoexplota.

Aplicado al caso del lawfare, el discurso de culpabilidad y odio hacia la figura de Cristina circula en medios y redes sociales como un *virus emocional* que los propios ciudadanos reproducen. No es necesaria una censura explícita: el mismo cuerpo social se convierte en multiplicador de la proscripción. En este sentido, la exclusión política aparece legitimada como un acto de “libertad democrática”, cuando en verdad responde a una sofisticada forma de disciplinamiento subjetivo.

En la contemporaneidad, las armas del disciplinamiento han mutado. La eliminación física es sustituida por la inhabilitación política y moral a través de procesos judiciales y campañas mediáticas».

(Lasswell, 1927) sostenía que los mensajes mediáticos operan como inyecciones directas en la conciencia de los receptores. Si bien dicha teoría ha sido matizada por desarrollos posteriores, el lawfare retoma esa lógica en la medida en que los mensajes repetidos: corrupción, enriquecimiento ilícito, inhabilitación moral— penetran el imaginario social. La constante reiteración en medios masivos y redes digitales consolida un sentido común en el cual la proscripción se percibe como legítima o incluso necesaria.

La proscripción de Cristina Fernández constituye el desenlace de una serie de operaciones convergentes:

* La herencia del Plan Cóndor, en tanto continuidad de las estrategias de disciplinamiento a proyectos populares.
* La producción de verdad desde el aparato judicial y mediático (Foucault).
* La interiorización subjetiva del discurso dominante por parte de la ciudadanía (Han).
* La penetración mediática hipodérmica que naturaliza la exclusión.

De este modo, la inhabilitación de la principal dirigente de la oposición no puede comprenderse como un hecho meramente jurídico, sino como la cristalización de un golpe institucional blando que opera sobre cuerpos y mentes, fabricando consenso social en torno a la eliminación política de un liderazgo popular.