¿Por qué la ‘integración productiva’ no integra en CABA?

Días atrás se votó en la Legislatura Porteña un proyecto que propone la integración productiva de los barrios populares. La nueva norma se denomina “Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo” y se aprobó con los votos del interbloque oficialista Juntos por el Cambio (JxC), con la intención de otorgar beneficios fiscales a comercios que se instalen en las referidas zonas.

A simple vista, observando el título se podría presumir que hay una intención de promover el trabajo de los habitantes de la zona, pero al ir desmenuzando los puntos sobresalientes asoman dudas respecto a los propósitos de la ley porque son fundamentalmente empresas con gran poder económico las que están condiciones de aprovechar estos beneficios.

Si bien fue presentado como una oportunidad propicia y ventajosa para los miles de habitantes de los barrios populares y las villas incluidas en el censo de urbanización, al analizarlo los legsladores consideraron que los mayores beneficiados serán los comercios importantes que cuentan con sucursales en toda la ciudad, con la posibilidad de eximir hasta el 80% del impuesto a los Ingresos Brutos por instalarse en un barrio popular. “Nos parece muy bien que las empresas privadas inviertan, pero no existía ningún impedimento para que las compañías de esas características adquirieran o alquilaran locales y la ley debería tener un espíritu más social y apoyar los proyectos de comerciantes, micro emprendedores o cooperativas de los mismos barrios”, precisó el Legislador Porteño Javier Andrade, del Frente de Todos.

En ese sentido, despierta sospechas que en las semanas previas al tratamiento legislativo las empresas salieran a alquilar locales a valores muy inferiores a los del mercado, aprovechando una licitación incluida en el expediente, en la que podían arrendar en el barrio Rodrigo Bueno  o en el Playón de Chacarita a tan solo $11.000.- por mes. “Construir un galpón de 600 metros cuadrados allí  con una sede comercial incluida y con una inversión de 40 millones de pesos les permite deducir 32 millones de Ingresos Brutos por toda la actividad que tengan en el distrito”, explicó Andrade.

Además, los primeros quince interesados que presentaran un proyecto a la autoridad de aplicación alcanzarían a eximir el 80% de todo lo facturado en la ciudad de Buenos Aires. El beneficio es para construir, mejorar y toda la instalación requerida.

Otro problema grave que observan se relaciona con los rubros de las empresas. El de las farmacias se trata de un rubro muy necesario en los barrios populares, ya que en infinidad de oportunidades no hay muchas posibilidades de acceder. Sin embargo, una de las empresas que alquiló locales es Medialunas del Abuelo “Hay muchas panaderías dentro de los barrios populares, con lo cual se genera una competencia desleal y no hay herramientas previstas para que estos comercios tengan alguna alternativa de competir y desarrollarse”, amplió el diputado.

Las cooperativas tampoco están incluidas en la nueva normativa: en 2020 se aprobó una ley de economía social que el FdT no compartía, pero entendiendo que se podían generar herramientas de desarrollo económico en los barrios, la acompañaron. Para ese proyecto se creó un fondo que, para este año, cuenta con tan solo $200.000.- de los que no fue ejecutado ni un peso en lo que va del año.

Cuando se observa el título de la ley, Integración productiva, se presume que proveerá instrumentos creadores de fuentes de trabajo. Sin embargo, los legisladores mantuvieron solamente una reunión informativa con los funcionarios de los ministerios de Desarrollo Económico y Desarrollo Humano de la Ciudad, teniendo en cuenta la vulnerabilidad que presentan estos barrios y la reunión duró tan solo tres minutos, actitud criticada incluso por los diputados y el presidente del interbloque oficial.

Con la intención de contemplar también el empleo para los habitantes de estos territorios, se incluyó un artículo en el que supuestamente se garantizaba un 30% de empleos para los habitantes de los barrios, pero con la prerrogativa de la decisión final por parte de las empresas. “Por esas razones no acompañamos el proyecto, que podía ser una posibilidad cierta de atender y ayudar en la realidad de la informalidad de los que llevan adelante los comercios en nuestra villas tan vulnerables de la ciudad y capacitar para ejercer algún otro trabajo en términos de producción, para lo que estamos elaborando un proyecto”, expresó Andrade.

El impuesto a los Ingresos brutos representa entre el 60 y 70% de los recursos con los que cuenta la ciudad. Si la ciudad estaba dispuesta a renunciar a un ingreso determinado para promover las actividades en esos barrios ¿no hubiera resultado más justo y equitativo que se promovieran y estimularan acciones para el crecimiento de la población de los mismos barrios?