La soberanía ambiental II. Por Antolín Magallanes

Muchas veces pensamos la naturaleza como algo lejano: los bosques, las montañas, los glaciares o los grandes ríos. Pero la relación con el ambiente también se construye en el lugar donde vivimos

La soberanía ambiental II

Fuente: Contraeditorial

Buenos Aires nació mirando al Río de la Plata, pero a lo largo del tiempo fue alejándose de él. Basta con leer el libro “Mirar al río, pensar la ciudad” *, que no ve grieta entre la CABA y la Provincia de Buenos Aires, sino cómo se alejó históricamente ese paisaje hídrico monumental.

El río, que debería ser un espacio de encuentro, paisaje y vida colectiva, quedó muchas veces convertido en un lugar invisible.

La discusión sobre la ribera y sobre los proyectos que modifican el vínculo de la ciudad con el agua plantea una pregunta esencial: ¿la ribera es solamente una oportunidad económica o es también un patrimonio colectivo?

La planificación de una ciudad no puede reducirse a decidir qué se construye. También debe preguntarse qué espacios queremos preservar, qué relación queremos tener con la naturaleza y qué derecho tienen los habitantes a disfrutar de su territorio.

Un ejemplo es la recuperación ambiental y pública de espacios vinculados a la desembocadura del Arroyo Medrano. Es un planteo vecinal, en diálogo con áreas como la del Parque de los Niños y la de la Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria, que expresa otra manera de imaginar la relación con el río. Esos vecinos y vecinas no quieren darle la espalda al río, entienden que el acceso al paisaje, al agua y al espacio verde también es parte de la calidad de vida.

Porque una ribera no es solamente una línea donde termina la tierra. Es el lugar donde una sociedad decide volver a ver el horizonte.

La tierra, el agua, los bosques, los glaciares y las costas urbanas pueden parecer problemas diferentes. Pero todos expresan una   misma cuestión: ¿tenemos la capacidad de pensar nuestros bienes naturales como parte de un proyecto común? Esa es la pregunta que atraviesa la soberanía ambiental.

No se trata de negar el desarrollo. Se trata de darle dirección. No se trata de rechazar la producción. Se trata de preguntarnos para qué producimos y quiénes se benefician con esa riqueza. No se trata de detener la historia. Se trata de construir una historia diferente.

Aquí en la C.A.B.A. ─como en el plano nacional─, estamos ante un gobierno local que ha establecido una carrera alocada para demostrar que está a la altura de la crueldad que se exige.

Los veinte años de macrismo en la ciudad y en la vida política nacional, han venido a sembrar la división y la discordia entre los argentinos. Nos ha corrido de la lucha política interpretando ésta solo como la lucha por el poder crudo. Así les gusta a ellos, casi primitivo y tan depredador como en las previas etapas del Estado. Ese invento que generó posibilidades políticas para las mayorías. De allí el odio ancestral de sentirse despojados y limitados. Por eso el énfasis en los desalojos, el acoso a los barrios populares, que tal vez vuelva a ser una estrategia para jugar en sociedad con el gobierno nacional, anticipando tensiones que pueda traer la Ley de Tierras. No son cosas separadas: las tensiones y disputas que promoverá esta ley para seguir desmembrándonos es casi un hecho.

La relación entre la Ley de Tierras (Ley 26.737) y los barrios populares no es directa, pero sí existe un vínculo político y territorial importante.

La Ley de Tierras fue sancionada en 2011 con el objetivo de limitar la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y proteger un recurso estratégico para la soberanía nacional. Su foco estaba en el campo, no en las ciudades.

Sin embargo, la discusión se conecta con los barrios populares porque ambas cuestiones remiten a una misma pregunta: ¿quién tiene derecho al suelo en la Argentina?

Mientras se buscaba evitar la concentración y extranjerización de la tierra rural, millones de familias vivían en asentamientos sin acceso formal al suelo urbano. De ahí surgieron políticas como el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana, que procuraron reconocer esos barrios, frenar desalojos y avanzar en su urbanización.

Desde una mirada política, puede plantearse una tensión: si la tierra es un bien estratégico cuya propiedad debe protegerse en el ámbito rural, también debería pensarse el acceso al suelo urbano como un derecho y no solo como una mercancía. En ambos casos, el debate gira en torno a la soberanía, la función social de la tierra y el papel del Estado para evitar la concentración y garantizar el acceso.

La soberanía territorial no empieza ni termina en el campo. Se defiende también en las ciudades, desde la cuestión de los alquileres hasta el acceso al suelo, eso define quién puede habitar, producir y construir comunidad. La Ley de Tierras y la integración de los barrios populares forman parte de una misma discusión: si la tierra será un bien al servicio del pueblo o un activo sometido exclusivamente a la lógica del mercado.

Creo que ese enfoque dialoga bien con el eje de soberanía ambiental que venimos desarrollando y permite unir dos debates que suelen aparecer separados.

Toda época enfrenta una pregunta que supera sus dificultades inmediatas. No solamente resolver los problemas del presente, sino también decidir qué sociedad queremos construir y qué legado queremos dejar.

Cada generación recibe una historia, un territorio y unos bienes naturales que no creó. Los recibe como una herencia. Pero también recibe una responsabilidad. Porque no somos solamente habitantes de un tiempo determinado. Somos un puente entre quienes estuvieron antes y quienes vendrán después.

Esa continuidad debe estar garantizada por la política; esa cohesión, en los cuidados de lo nuestro debe servir para construir cada vez más una robustez ciudadana. Hay una discusión por abordar en torno a nuestro futuro, a nuestros sueños.

Por eso la pregunta más profunda de la soberanía ambiental es: ¿qué futuro estamos construyendo con las decisiones que tomamos hoy?

Durante mucho tiempo pensamos en el desarrollo como una carrera donde el objetivo principal era extraer, producir y crecer. Ese camino permitió avances importantes y también nos dejó aprendizajes.

Comprendimos que una economía que destruye las bases naturales que la sostienen termina afectando sus propias posibilidades.

La Argentina no necesita elegir entre producción y ambiente.

Necesita superar esa falsa oposición. Porque el trabajo, la industria, la ciencia, la tecnología y la protección  de la naturaleza pueden formar parte de un mismo proyecto. También es necesario ponerle autoría, con nombre y apellido a quienes dejan al libre albedrío nuestros destinos, pero esa cuestión será para el próximo encuentro…

* Producido por la Universidad Nacional de Avellaneda – Ed. Milena Caserola. Nathalie Goldwaser Yankelevich, compiladora.